Casa de muñecas IBSEN, Henrik


IBSEN, Henrik. Casa de muñecas - Buenos Aires : Editorial Gradifco, 2006.
128 p.
ISBN 987-1093-62-4

Información adicional:

 

 

Indización Juridica

DERECHOS HUMANOS > DERECHOS DE LA MUJER
FILOSOFÍA DEL DERECHO > EPITEMOLOGÍA DEL DERECHO / ETICA / CORRIENTE IUSFILOSÓFICA / TEORÍA DE LA JUSTICIA
DERECHO CIVIL > OBLIGACIONES Y CONTRATOS > RESPONSABILIDAD CIVIL

VINCULACIÒN

              Drama que plantea el problema de la ley injusta, en un contexto social de subordinación de la mujer y de extrema vulneración de su dignidad y derechos fundamentales. En lo más concreto, cuestiona el alcance y validez de la obligación jurídica escindida del sentido de justicia y de los fines que el ordenamiento tuvo en miras para regularla.

 

CITAS TEXTUALES

              “Nora: Mi padre estaba muy enfermo, si le pedía que firmara el documento debía declarar cuál era el destino que debía dársele a ese dinero. Y no podía decirle, dada su delicada condición, cuál era el estado de salud de mi esposo.”

              “Krogstad: A la ley no le conciernen los motivos personales.”

             

              “Nora: No lo creo. ¿Acaso una hija no tiene derecho a ahorrarle pesares y angustias a su padre moribundo? ¿No tiene acaso una esposa el derecho de salvar la vida de su marido? No conozco demasiado de leyes pero estoy segura de que en alguna parte tales cosas han de estar permitidas y contempladas.”

 

              “Nora: ¿Pero no he pagado puntualmente como habíamos acordado? Krogstad: Hmm… Digamos que sí.”

 

              “Krogstad: Aún por todo el dinero del mundo no le devolvería a usted el documento.”

             

              “Nora: He aprendido que las leyes no son lo que yo imaginaba; porque no puedo admitir que tales leyes sean justas”.

 

INTERROGANTES

              1) ¿Puede pedirse la resolución del contrato por falsedad de la firma del fiador sin que exista incumplimiento del deudor principal en el pago de las obligaciones pactadas? ¿Hay abuso de derecho en tal supuesto?

              2) ¿Hay buena fe en el proceder de Krogstad, cuando Nora paga mensualmente la deuda y, asimismo, el patrimonio de ésta no sufriría menoscabo a causa de la invalidez de la fianza pues es sucesora universal del garante?

              3) En la comprensión del ciudadano común, ¿puede existir una ley injusta o, por el contrario, la ley es sinónimo de justicia?

COMENTARIO: Verónica Gómez Naar.

EDITORA: Valeria Cardinale.

COMENTARIO

Por Verónica Gómez Naar

Juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta

E-mail: gomeznaarv@gmail.com

 

              El personaje central de la obra es Nora, quien ocultándose tras la apariencia de una mujer frívola y gastadora, realiza toda clase de trabajos y simula gastos personales para poder recaudar los fondos que necesita para pagar las cuotas del abultado préstamo obtenido de un prestamista, Krogstad, con el cual solventó los gastos de la enfermedad de su marido, Torwald, quien cree que el dinero fue proporcionado por el padre de Nora. Pero los hechos se complican cuando Krogstad comienza a extorsionar a Nora con el propósito de conseguir un ascenso en el banco que dirige Torwald, valiéndose de una grave irregularidad cometida por Nora en la constitución de la garantía del documento, pues en aras de no llevar preocupación a su padre moribundo, había falsificado la firma de éste, sin vislumbrar la gravedad del hecho. En su visión, el amor y sacrificio que guiaron su acto constituían motivos válidos que legitimaban el hecho, y una ley que lo prohibiera no podría ser justa. Revelado el secreto, la reacción de Torwald fue egoísta y humillante para Nora, quien entonces se da cuenta de que a lo largo de los ocho años de matrimonio ha sido una fútil muñeca sin autonomía para su marido, su juguete, su alondra…. Ella esperaba que reaccione defendiendo su amor hacia ella a cualquier costo, esperaba el milagro de que sacrifique su honor por ella; pero lo que prima en él es su posición social y económica por sobre cualquier otra circunstancia. Nora decide dejar a su marido para encontrar su propia verdad.

              La maravillosa obra dramática de Ibsen provocó escándalo en la sociedad de su época, con su osada descripción de una mujer que deja su aparentemente idílico matrimonio a causa de su disconformidad con el rol subordinado que le toca desempeñar en él; y pese al efecto anquilosante de las convenciones sociales, logra rebelarse contra éstas a fin de alcanzar la realización personal. Desde el punto de vista que aquí interesa, podría decirse que la fuerte heroína del drama, cual Antígona moderna, postula la existencia de un derecho natural, no escrito, que prevalece por encima de las leyes positivas escindidas del valor justicia.

              El texto lleva así a replantear el incesante dilema del concepto mismo de derecho, de la ley injusta, de la relación entre derecho y moral o derecho y justicia; incluso, de la tarea del juez entendida como aplicación mecánica de la ley positiva o, en palabras de Dworkin[1], con consideración a criterios morales como condiciones de verdad de las proposiciones jurídicas.

              Ello nos conecta con los principios generales del derecho a los cuales acuden destacados iusfilósofos que descartan la asimilación entre ley y derecho,[2] como salvaguarda contra la soberanía indiscutible e incontestable del legislador, particularmente luego de la experiencia de Nuremberg[3]; lo que, en mi entender, guarda estrecha vinculación con Casa de Muñecas, cuya trama nos hace reflexionar sobre los principios de buena fe y de abuso del derecho, particularmente aplicables al ámbito de las obligaciones.

            Es preciso destacar, al respecto, que los principios del derecho han sido llevados al status de legislación positiva en el nuevo Código Civil y Comercial, lo que se enmarca dentro del propósito de “positivización de los principios del derecho”, pero no implica desconocer el valor de éstos en cuanto normas de integración y de control axiológico aún sin concreción de una expresa proposición normativa, “no siendo posible en el estadio actual de la evolución jurídico-filosófica identificar derecho y ley”[4]. En este sentido, nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha ocupado en destacar que por encima de lo que las leyes parecen expresar literalmente, se debe indagar lo que ellas dicen jurídicamente, dar preeminencia a su espíritu, a sus fines y en especial al conjunto armónico del ordenamiento jurídico y a los principios fundamentales del derecho en el grado y jerarquía con que éstos son valorados por el todo normativo[5]. En cuanto mandatos de optimización, los principios son normas que ordenan que se realice algo en la mayor medida de lo posible, esto es, pueden ser cumplidos en diversos grados.[6]

              Si bien algunos importantes principios del derecho privado habían sido recogidos por la reforma al Código Civil de Vélez del año 1968, en lo que se denominó el proceso de humanización o socialización mediante la incorporación de los institutos de la lesión, imprevisión, abuso de derecho, equidad y buena fe, lo cierto es que el nuevo Código Civil y Comercial no solamente les atribuye el carácter de ser criterio directo, y no subsidiario y residual, de interpretación de las normas legales en el artículo 2º[7], sino que consagra parte de ellos en un lugar central y significativo como es su título preliminar, reconociéndoles un alcance general e informativo de todo el ordenamiento jurídico.

              Dentro de estos principios, reviste particular relieve la buena fe, que ilumina la interpretación de la conducta humana en todos los ámbitos del derecho. La jurisprudencia anticipó ya la generalidad de este principio – carácter que se manifiesta hoy a través de su regulación en el artículo 9º del CCCN – cuando, al interpretar el artículo 1198 del reemplazado Código, subrayaba: “Este principio cardinal de la buena fe informa y fundamenta todo nuestro ordenamiento jurídico, tanto público como privado, al enraizarlo en las más sólidas tradiciones éticas y sociales de nuestra cultura”[8].  Su trascendencia es tal que algún autor ha llegado a entender que si el derecho tuviera que resumirse en una sola norma, tal precepto debería imponer a las personas comportarse de buena fe[9].

                   En el artículo 729, vuelve el legislador a este principio con referencia al ámbito de las obligaciones, prescribiendo que deudor y acreedor deben obrar con cuidado, previsión y según las exigencias de la buena fe. Así, en el campo de los negocios, el ordenamiento impone a los contratantes el deber de comportarse con una especial diligencia lo que significa que están obligados a ser honrados, precisos, a expresar clara y exactamente su voluntad pues la voluntad psíquica no manifestada no puede ser tenida en cuenta por el derecho. Constituye un acierto que se aluda en la norma simplemente a la buena fe sin alusión a la “lealtad” que realizaba el anterior artículo 1198, en orden a evitar que pueda dar lugar a una interpretación restrictiva cuando la regla debe comprender tanto la exigencia de un comportamiento leal (buena fe objetiva) cuanto la denominada buena fe-creencia (subjetiva).

              Esta doble faceta que se reconoce a la buena fe se pone en evidencia en la obra de Ibsen, pues así como parece honrado y recto el proceder de Nora quien cumple con fidelidad los compromisos de pago contraídos (faceta objetiva), Krogstad no actúa en correspondencia con la convicción o confianza de ostentar un derecho legítimo (faceta subjetiva) pues de otro modo no habría mostrado vergüenza y arrepentimiento al confesar a Cristina lo que había hecho “en contra de los Helmer”[10].

              Junto a la buena fe, y reglado inmediatamente a continuación en el artículo 10, el Código incorpora el principio que prohíbe el abuso del derecho, al que conceptualiza como aquel ejercicio que contraría los fines del ordenamiento jurídico o excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres.

              Existe abuso del derecho cuando se ejerce de modo antifuncional un determinado derecho propio, que contraría lo razonable y lo justo, vale decir, un derecho ejercido de un modo injusto, inequitativo o irrazonable con afectación de los derechos de otros. Ello implica que “no todo lo establecido en una norma es justo: una evaluación que debe hacerse frente al ejercicio que, de lo dispuesto, se haga”[11].

                 Aquí también el cambio metodológico que significó consagrar este principio en el título preliminar destinado a regir no solamente todos las instituciones del derecho civil y comercial sino otras áreas en las que aquél actúa como tronco común, significa reconocer al abuso de derecho el carácter de un principio general de todo el ordenamiento y, por consiguiente, más extenso y amplio que el atribuido por la reforma de la ley 17.711 que lo ubicó en el título dedicado a los actos ilícitos, limitado al ámbito de la responsabilidad civil. La Comisión redactora, en los fundamentos del Proyecto, explica que “se lo incluye como un principio general del ejercicio de los derechos en el título preliminar, esta metodología cambia la tonalidad valorativa de todo el sistema, sin perjuicio de las adaptaciones en cada caso en particular”.

              En cuanto al origen de la teoría, ésta necesitó de un contexto específico para su surgimiento, esto es, el paradigma dogmático cientificista que se constituyó en Europa continental a lo largo del siglo XIX, a partir principalmente de Savigny y de la escuela exegética francesa, y ello explica que no haya debido planearse tal teoría en el derecho romano, en donde otra conceptualización del derecho permitía evitar un ejercicio abusivo de los derechos subjetivos a través de la propia concepción del derecho fundado sobre los tres principios de Ulpiano (honeste vivere, alterum non laedere y suum cuique tribuere) que no toleraría que alguien sin beneficio alguno desplegara una conducta que solamente provocara daños a otro; o en el derecho anglosajón que sin necesidad de elaborar un teoría, ponía en práctica el mismo principio por vía de la equidad o del sentido común jurídico.

              Es que si en el esquema decimonónico el juez es solamente la boca por donde habla la ley al estilo que nos muestra el magistrado Oliver Wendell Holmes[12], no podría éste verificar las condiciones de verdad de la proposición jurídica que prescribe el derecho subjetivo en cuestión, entonces ocurriría que podría considerarse válido que alguien genere a otro un  jurídico injustificado. Es aquí donde reacciona el derecho  y se torna necesaria la teoría del abuso del derecho de modo de impedir, mediante un juicio de equidad fruto de la razón práctica, esa conducta abusiva.

              Enseña Vigo que: “Aun cuando resulte inobjetable que la formula ‘abuso del derecho’ es una ‘logomaquia’ (Planiol) o una contradictio terminis, y ello no sólo desde los presupuestos de la filosofía jurídica clásica, estimamos que sobre ese déficit terminológico hay una recuperación profunda del Derecho para ponerlo en armonía con su sentido justificador”.[13]

              Se colige de lo expresado que la inclusión de este principio eminente en el título preliminar del nuevo Código Civil y Comercial constituye un acierto puesto que refleja exigencias propias de la legislación en sí, aplicable a los derechos subjetivos de cualquier rama jurídica, incluso constitucional, como principio general formalizador de todo su articulado normativo, en el entendimiento de que el criterio del ejercicio de modo regular actúa como un límite interno de todos los derechos subjetivos, no obstante poder presentar excepciones.

              Así, en el escenario del derecho a la vida y a la dignidad de la persona humana la relatividad de las prerrogativas entra de alguna manera en crisis por tratarse de derechos extrapatrimoniales en los que se jerarquizan valores del más alto rango y de innegable escala superior. Se aduce  que son casos de derechos absolutos el de la retractación de la persona que ha dado su consentimiento para donar un órgano (art. 15 de la ley 24.193) como la revocación de las directivas anticipadas (artículos 60,139 del CCC), y los derechos de acceso integral a los procedimientos de reproducción medicamente asistida (ley 26.862).[14] Sin duda, la dificultad surge de la naturaleza misma de los derechos humanos – en sí mismos, y por propia definición: irrestrictos, inalienables, incontestables, sagrados – que no pueden ser alcanzados por el límite interno implicado en esta teoría ni sometido a juzgamiento las justificaciones íntimas de decisiones que hacen a la integridad física, a la dignidad, a la vida y a la misma muerte.

              Sucede quizás, como explica algún autor[15], que la argumentación justificadora de derechos que se presentan como absolutos no puede sino originarse en una proposición o principio práctico – normativo de carácter absoluto, de algún modo trascendente a las personas mismas.

              Por otro lado, sabido es que la modificación al artículo 1071 del Código Civil de Vélez introducida por la ley 17.711 permitió la incorporación de la teoría del abuso del derecho a nuestra legislación positiva; no obstante, es dable poner de resalto que ya con anterioridad nuestra jurisprudencia había echado mano al abuso del derecho acudiendo al artículo 953 del Código derogado, norma válvula de moralización de todo el ordenamiento. Contribuyó a ello la amplitud de la disposición adoptada por Vélez Sarsfield que, como su correspondiente del Código Alemán, sirvió en su momento para reprimir el abuso de derecho y la lesión. La conformidad al orden público y a las buenas costumbres que dicha norma prescribe representa una exigencia absolutamente general de validez en materia contractual; el mínimo de conformidad social requerido a los contratantes.[16]

              Con el nuevo Código Civil y Comercial, a diferencia de la regulación contenida en el artículo 1071 del CCV con la modificación citada, al definir el principio en su artículo 10 no se hace referencia a “los fines tenidos en cuenta al reconocerse el derecho” sino a “los fines del ordenamiento”. Esta diferencia en la configuración del instituto es objetada por algún sector de la doctrina en tanto “veda acudir a la voluntad legislativa”[17], en tanto que otros autores la estiman conveniente por favorecer una interpretación evolutiva, no cristalizada, respecto del tiempo de la generación del enunciado normativo, legal o convencional; una mirada que comprende también los fines sociales del ordenamiento y la función ambiental de los derechos subjetivos y que guarda coherencia con los criterios de interpretación establecidos en el artículo 2º del CCCN[18]. Entiendo que la amplitud actual de la fórmula no impide ponderar los fines que tuvo en miras el legislador al establecer la prerrogativa de que se trate, puesto que para interpretar los fines del ordenamiento jurídico deberá atenderse también al espíritu tanto del resto del ordenamiento cuanto de la misma disposición – que lo integra- que prescribe el derecho cuyo ejercicio se cuestiona. Si bien es cierto que el nuevo Código hace especial hincapié en la finalidad de la ley (v. art. 2º), la Comisión redactora del Proyecto aclara que la tarea interpretativa no se limita a la intención histórica u originalista, sino que se permite una consideración de las finalidades objetivas del texto en el momento de su aplicación, entendidas como la ratio o espíritu de la norma. Es decir, no se encuentra prohibido valorar la intención del legislador para interpretar la ley, aun cuando el énfasis se encuentra puesto en el recurso a la finalidad objetiva, ratio o espíritu de la norma. Los hechos de la actualidad demuestran que para la interpretación del articulado del nuevo CCCN se acude permanentemente a los Fundamentos del Proyecto, lo cual es lógico dado el escasísimo tiempo transcurrido desde su sanción.

              Yendo al texto literario que motiva este comentario, es a la luz de tales directivas proporcionadas por el nuevo ordenamiento sustantivo, que debe ponderarse la conducta de las partes vinculadas por el documento que representa la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo, y examinar el comportamiento de Krogstad en su reclamo por la irregularidad contenida en el título respecto de la firma del garante, teniendo en cuenta tres cuestiones relevantes:

  1. a) Su deudor principal (Nora) no se encontraba en mora en el cumplimiento de las obligaciones emergentes del documento, en razón de lo cual Krogstad carecería de interés concreto y actual emergente de la firma del garante que advierte falsa, y al respecto el artículo 1574 del CCCN que define la fianza expresamente alude al incumplimiento como condición para la obligación accesoria del fiador, mientras que el artículo 1823 del mismo cuerpo legal prescribe que aunque por cualquier motivo el título valor contenga firmas falsas, son válidas las obligaciones de los demás suscriptores.
  2. b) Al tratarse el garante de padre de Nora, ésta recibe por herencia en su patrimonio los bienes del difunto por lo que no existiría en principio un perjuicio real o menoscabo en el patrimonio de la deudora – en cuanto constituye la garantía común de sus acreedores – derivado de la falsedad de la firma. En cualquier caso, el acreedor podría ante una eventual inacción de su deudora, promover el juicio sucesorio para concretar la transmisión de bienes y así contar con ellos como garantía de su acreencia, conforme artículos 2280, 2337, 2352 y cctes. del CCCN.
  3. c) En tercer lugar, si bien no surge de la obra la existencia del elemento objetivo del instituto de la lesión – vale decir, una ventaja desproporcionada y sin justificación a favor del acreedor – puede advertirse que ha existido en la etapa de formación del negocio un aprovechamiento por parte de Krogstad de la inexperiencia y estado de necesidad en que se encontraba Nora. Surge claro del marco de las convenciones sociales en las que se desarrolla la obra que la mujer poseía una capitis diminutio, tanto en el ámbito jurídico como de los roles sociales y familiares, que le impedía conocer sus derechos y ejercerlos con la debida intencionalidad y eficacia. Es así que de haber acudido a una entidad bancaria para solicitar el empréstito, habría fracasado en sus intentos pues se le habría exigido necesariamente la firma de su esposo, de allí que se vio forzada a acudir a una vía informal, un personaje moralmente bajo e inescrupuloso. Hoy en día, la igualdad entre los sexos es un principio esencial del derecho (internacional e interno) que ha sido llevada al rango de derecho fundamental. [19]

              En relación con la lesión, la noción de sinalagma contractual que tiene sus raíces en Aristóteles y es luego desarrollada como teoría general de la justicia conmutativa por Santo Tomás de Aquino, forma parte de la justicia del contrato y es presumida su existencia pero cuando excepcionalmente uno de los contratantes es víctima de injusticia, el derecho le brinda los medios para deshacerse del contrato o de obtener condiciones mejores a través de esta figura. Visto desde la perspectiva de los sujetos, el contratante lesionado ha cometido un error en los valores o ha cedido a cierta suerte de violencia que es la necesidad; mientras de parte del beneficiado se presenta una falta, un ilícito (cf. neminem laedere) al aprovecharse de la inexperiencia de su co-contratante, explotando su situación. ¿Y no es esto de algún modo un abuso del derecho de contratar, tal como relaciona Demogue?; o es en todo caso una falta a un deber de fraternidad, a la regla moral (Ripert), a la buena fe (Ossipow)[20]? He aquí entonces donde el caso literario analizado nos muestra la confluencia de los tres institutos jurídicos analizados.

              Subraya Carbonnier, a propósito del instituto de la lesión, que cualquiera sea la fórmula que se emplee, no parece hay en día ser el instrumento más eficaz de la justicia contractual, por ser muy individualista y responder solo a una pequeña parte del problema; proclamando la bondad de medidas que sean aptas para realizar una justicia contractual de masa.[21] En nuestro nuevo sistema normativo, se amplía el espectro de válvulas de escape a los efectos de un contrato injusto, como son las que proceden del derecho del consumidor, del principio de buena fe extendido a todo el ámbito del derecho, del abuso de derecho y de posición dominante, del deber de prevención del  daño y de los efectos del ejercicio abusivo  o de la situación jurídica abusiva, del ejercicio abusivo que pueda afectar el ambiente y derechos de incidencia colectiva, de la frustración del fin del contrato, entre otras.

Conclusión

 

              Resulta interesante observar que los problemas que plantea el derecho exceden al mero interés del jurista o del eventual justiciable, pues conciernen a todas las personas, calando hasta lo más profundo de sus conciencias y expectativas. El derecho no es “El derecho”, son las exigencias mismas de la justicia y la equidad en el plano de las relaciones humanas. Por otra parte, es la narrativa de la obra – su descripción de los personajes, de la acción dramática y su desenlace – la que nutre al análisis jurídico de ingredientes vitales y vigorosos; mientras que la empatía que genera el personaje central puede contribuir, por ejemplo, a que un joven estudiante de abogacía entienda compasivamente los problemas que aquejan a la mujer en una sociedad inequitativa y machista, contribuyendo a la formación ética del futuro juez o abogado, libre de prejuicios y respetuosa de la igualdad y dignidad humana. En efecto, el autor representa a sus personajes cada uno diferente entre sí, dotándolos de atributos físicos y morales que nos permiten distinguirlos y, asimismo, encontrar sus parecidos con la realidad y hasta en ciertos aspectos con nosotros mismos. Son seres humanos que comparten problemas y esperanzas que cada cual enfrenta a su manera en su circunstancia concreta y con los recursos de su propia historia. Hasta el deleznable Krogstad termina abrazando su esperanza de cambio para convertirse en una mejor persona. Torwald muestra todo su egoísmo, perdiendo el amor de la mujer que ama y casi sin darse cuenta de las razones. Inspira en el lector compasión y pasión por la justicia, así como admiración por la decisión de una mujer que al comienzo se mostraba inútil y frívola.

              De tal modo, se vuelve realidad el pensamiento de la filósofa norteamericana Martha Nussbaum: “Las estructuras formales implícitas en la experiencia de la lectura literaria nos brindan una guía indispensable para nuevas indagaciones, incluida la indagación crítica de la obra literaria misma. Si no partimos de la ‘fantasía’ para interesarnos en esas figuras humanas, sintiendo compasión por sus sufrimientos y alegría ante su bienestar; si no valoramos la importancia de encarar a cada persona como un individuo con una vida singular, nuestra crítica de las emociones perniciosas carecería de fundamento.”[22]. “Es la emoción del espectador juicioso, la moción que las obras literarias forjan en sus lectores, que enseña lo que es sentir emoción no por una masa anónima e indiferenciada sino por el ser humano individual y singular”[23].

              En palabras del poeta Whitman, es ver la eternidad en hombres y mujeres[24].

[1] Dworkin, Ronald, “La justicia con toga”, Marcial Pons, Bs. As., 2007, p. 12, ISBN:978-84-9768-489-7.

[2] Ch. Perelman, “Logique juridique – Nouvelle rhétorique”, 2ème. Édition, Dalloz, France, 1990. Para Perelman es más bien una vuelta a Aristóteles quien, junto a las leyes especiales, escritas, afirma la existencia de un derecho general “todos esos principios no escritos que presumen ser reconocidos por todos (Retórica, 1368)”.

[3] La importancia creciente acordada a los principios generales del derecho, en el derecho continental de posguerra, se manifiesta no solamente por el número creciente de publicaciones consagradas a esa materia sino también por un cambio de actitud de los tribunales de casación, aun los más conservadores, y los más respetuosos de la voluntad general. (Ch. Perelman, op.cit.). Y en nuestro país, se manifiesta con el lugar preeminente acordado por el nuevo ordenamiento privado.

[4] Fundamentos del Proyecto de Código Civil y Comercial, III,2.

[5] CSJN, 23/10/2001, Fallos 324:3602; 312:111

[6] Rivera, Julio César y Graciela Medina, “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado”, La Ley, Bs. As., 2014, tº I, p. 64, ISBN: 978-987-03-2763-9.

[7] Alterini, Jorge Horacio, “Código Civil y Comercial Comentado”, La Ley, Buenos Aires, 2015, tº I, p. 22, ISBN: 978-987-03-2919-0.

[8] CSJN, 17/04/2007, Fallos 330:1649.

[9] Alterini, op. cit., tº I,  p. 60.

[10] p. 95

[11] Herrera, Marisa, Gustavo Caramelo y Sebastián Picasso, “Código Civil y Comercial Comentado”, tº I, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos –Presidencia de la Nación, Bs. As., Infojus, 2015; ISBN : 978-987-3720-30-7.

[12] Dworkin en la obra citada, p. 11: “Siendo Oliver Wendell Holmes magistrado del Tribunal Supremo, en una ocasión de camino al Tribunal llevó a un joven Learned Hand en su carruaje. Al llegar a su destino, Hand se bajó, saludó en dirección al carruaje que se alejaba y dijo alegremente: ‘¡Haga justicia, magistrado!’ Holmes paró el carruaje, hizo que el conductor girara, se dirigió hacia el asombrado Hand y, sacando la cabeza por la ventana, le dijo: ‘¡Ése no es mi trabajo!’. A continuación el carruaje dio la vuelta  y se marchó, llevándose a Holmes a su trabajo, supuestamente consistente en no hacer justicia.”

[13] Vigo, Rodolfo L, “Consideraciones iusfilosóficas sobre el abuso del derecho”, art. publ. en Rev.Der.Priv. y Com., Rubinzal –Culzoni, tº 16,  p. 312/3; ISBN: 950-727-138-4.

[14] Alterini , op.cit., tomo I, p.66.

[15] Massini Correas, Carlos; “Filosofía del derecho”; Abeledo Perrot; Bs.As., 2001; p. 111; ISBN: 950-20-0769-7.

[16] Carbonnier, Jean, “Droit Civil -4.Les Obligations”, Presses Universitaires de France, Paris, 1956, p. 147, ISBN: 2-13-043356-1.

[17] Rivera – Medina, op. cit., p. 87.

[18] Herrera- Caramelo- Picasso, obra y tomo citado, comentario art. 9º.

[19] La jurisprudencia de ambas Cortes Europeas, en relevantes fallos dictados en los años 1978 y 1985, dejó sentada la prohibición tanto de las discriminaciones directas cuanto indirectas entre varones y mujeres, excepto que las diferencias de tratamiento reposen sobre criterios objetivos o persigan intereses legítimos; y ha admitido las medidas de discriminación positiva si éstas no presentan carácter incondicional y absoluto (v.”Les Grands Décisions du Droit des Personnes et de la Famille, LGDJ, Paris, 2012; p. 335; ISBN: 978-2-275-03658-8)

[20] Autores citados por Carbonnier, op. cit., p. 160.

[21] Carbonnier, op. cit. p. 152/160.

[22] Nussbaum, Martha, “Justicia poética”, ed. Andrés Bello, Santiago de Chile, 1997, pág. 112, ISBN: 84-89691-09-6.

[23] Nussbaum, op. cit, p. 114

[24] “A orillas del azul Ontario”.